La sociedad española es muy solidaria; no sé si lo suficiente, pero desde luego mucho más que otros países. Seguramente por motivos culturales en España siempre son bien vistas las denominadas ‘políticas sociales’, y sus costes económicos, por enormes que sean, nos parecen más que justificados. De hecho, cuando la economía va bien nos apresuramos a incrementar los presupuestos destinados a los enfermos, los niños, los ancianos… Y cuando las cosas pintan mal, como es el caso, nos resistimos a que lo paguen los que menos tienen o los que menos pueden. En mi opinión, ¡un 10 para los españoles!
En los últimos tiempos, sin embargo, hay una parte de la sociedad que parece no compartir las prioridades de la mayoría, y por desgracia se trata de las personas que tienen la llave de la caja. Me refiero a los políticos. Al menos en la zona que mejor conozco, la Comunitat Valenciana, una enorme cantidad de colectivos y empresas que se dedican –muchas de ellas sin ánimo de lucro- a ayudar a enfermos, discapacitados y ancianos se están desangrando económicamente porque la Generalitat no paga lo que les debe. Y no hablo de subvenciones en general, sino de compromisos de pago que responden a servicios sociales concretos y previamente pactados.
Me asombra y me escandaliza que no exista en esta tierra ni un solo político al que le avergüence cobrar puntualmente su nómina de diputado sabiendo que muchas residencias de ancianos se están planteando cerrar sus puertas por los impagos de la Generalitat. Y no, no creo que esto sea hacer demagogia.
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