viernes, 28 de febrero de 2014

Políticos valencianos sin vergüenza

La sociedad española es muy solidaria; no sé si lo suficiente, pero desde luego mucho más que otros países. Seguramente por motivos culturales en España siempre son bien vistas las denominadas ‘políticas sociales’, y sus costes económicos, por enormes que sean, nos parecen más que justificados. De hecho, cuando la economía va bien nos apresuramos a incrementar los presupuestos destinados a los enfermos, los niños, los ancianos… Y cuando las cosas pintan mal, como es el caso, nos resistimos a que lo paguen los que menos tienen o los que menos pueden. En mi opinión, ¡un 10 para los españoles!
En los últimos tiempos, sin embargo, hay una parte de la sociedad que parece no compartir las prioridades de la mayoría, y por desgracia se trata de las personas que tienen la llave de la caja. Me refiero a los políticos. Al menos en la zona que mejor conozco, la Comunitat Valenciana, una enorme cantidad de colectivos y empresas que se dedican –muchas de ellas sin ánimo de lucro- a ayudar a enfermos, discapacitados y ancianos se están desangrando económicamente porque la Generalitat no paga lo que les debe. Y no hablo de subvenciones en general, sino de compromisos de pago que responden a servicios sociales concretos y previamente pactados.
Me asombra y me escandaliza que no exista en esta tierra ni un solo político al que le avergüence cobrar puntualmente su nómina de diputado sabiendo que muchas residencias de ancianos se están planteando cerrar sus puertas por los impagos de la Generalitat. Y no, no creo que esto sea hacer demagogia.  

miércoles, 19 de febrero de 2014

"Quiero incapacitar a mi padre"

Creo que nunca me lo han dicho con tales palabras. Se suelen usar perífrasis más amables, pero en todos los casos se pueden resumir así: “Necesitamos hacer una operación económica o legal y, como usted puede comprobar, nuestro padre/madre/tío/tía no está en condiciones de decidir ni, por tanto, de firmar”. Lo entiendo perfectamente, y además es lógico que los familiares consulten en primer lugar a quien atiende habitualmente a su pariente enfermo.

En primer lugar, quiero insistir en que se trata de una situación normal. Los parientes del paciente no deben albergar sentimientos de culpabilidad. Las herencias, las operaciones inmobiliarias, la firma en el banco… La casuística es muy variada y su impacto en el patrimonio familiar puede ser muy relevante para la familia propia y también para la extensa. Con el asesoramiento legal adecuado, nunca es demasiado pronto para prever estos asuntos y evitar problemas mayores.

Sin embargo, determinar la incapacidad legal de una persona por causas mentales no es una tarea sencilla. En el diagnóstico de una demencia senil rara vez nos encontramos con pruebas fisiológicas decisivas: ¿qué imagen debe mostrar la placa de un cerebro enfermo de alzheimer para que podamos asegurar que el paciente está incapacitado? Y en las pruebas clínicas los límites aún son más confusos: ¿hasta qué punto la excesiva labilidad emocional puede considerarse patológica y no digamos incapacitante?; ¿un paciente que ha puntuado muy bajo en el mini-mental es incapaz de reconocer la propiedad de unos ahorros?; ¿la pérdida severa de memoria es suficiente para confundir los sentimientos hacia los hijos y nietos? Además, algunas patología mentales, como las de origen vascular, avanzan y retroceden de manera inopinada, no siempre obedecen a la medicación.

Afortunadamente en la tramitación de una incapacidad legal los geriatras y neurólogos no tenemos la última palabra. Al final son los jueces los que, apoyándose en informes de profesionales médicos (y que ostentan además la consideración de peritos judiciales), pueden obligar a una persona a recibir tratamiento médico, o autorizan de forma temporal el internamiento involuntario en una residencia, o sentencian su incapacidad legal basándose en la acreditación de una patología grave y persistente.

Y aunque no es este el lugar para profundizar en asuntos jurídicos, hay que advertir que las personas incapacitadas retienen algunos derechos de actuación, como el de casarse (siempre que el Juez del Registro detecte que en ese momento el contrayente manifiesta la lucidez necesaria para dar su consentimiento). Con este ejemplo no quiero preocupar a los familiares, pero sí resaltar que el Derecho ha creado la figura de la incapacidad para defender a los enfermos, no para perjudicarles. Las dudas, por tanto, siempre ceden a favor de la conveniencia y el derecho del enfermo.

miércoles, 12 de febrero de 2014

La memoria de la vacuna del Alzheimer

Sigo con atención las noticias sobre ensayos de vacunas contra el Alzheimer. Como no podía ser de otra manera. En la consulta los pacientes me preguntan con frecuencia sobre esas mismas noticias. No subestimo los avances que están logrando algunas líneas de investigación pero, con mucho pesar, debo advertir a los enfermos y a sus familiares que esas terapias, en caso de demostrarse eficaces, ya no les curarán. En cierta ocasión, el principal investigador español del alzheimer nos aseguró en un congreso internacional que la vacuna estaba a punto de llegar. Este congreso se celebró… hace 17 años. Desde entonces sí hemos avanzado en tratamientos paliativos, que además resultan menos agresivos para los pacientes, pero poco más. Desgraciadamente la única terapia posible sigue recayendo más en los cuidadores que en los médicos.

¿Qué queremos ser de mayores?

El sector privado ha encontrado en los ancianos un nicho de mercado tan ancho que nadie sabe aún cuáles son sus límites (no se trata sólo de una cuestión demográfica, sino también de valores: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar las familias con sus mayores?). Pero de la misma forma que el sistema sanitario, pese al concurso de muy variados promotores, requiere una planificación constante por parte de la Administración, el futuro de la asistencia a los ancianos no se puede dejar a expensas de la rentabilidad económica en unos casos, y de la disponibilidad presupuestaria en otros. Los objetivos no pueden quedarse en concertar más y más residencias (y en pagarles en plazo), sino en diseñar un mapa completo de servicios públicos esenciales para nuestros mayores. Y el nivel de exigencia no debe ser menor que el que reclamamos en la educación de los niños o en los hospitales.

La edad de la mayoría

Construir residencias no es suficiente, aunque parezca lo más urgente. Hay que establecer de una vez criterios médicos y asistenciales que eviten el “café para todos” que aplican muchas residencias. Debemos incluir en algún lugar de las enseñanzas regladas contenidos sobre el valor de la ancianidad y los retos -positivos y negativos- que plantea. Las administraciones locales y autonómicas tienen que prever las necesidades a medio y largo plazo, y programar con realismo las dotaciones presupuestarias... Y por encima de todo: el primero y más importante núcleo de asistencia a los mayores es la familia. Las ayudas que reciben los familiares con mayores a su cargo son risibles, vergonzantes, y califican por sí solas la visión de futuro y la sensibilidad social de nuestros gobernantes. O no solo de los gobernantes, porque en muchos aspectos esta sociedad, tan proclive a la solidaridad con las minorías, no se acuerda de la edad de la mayoría.

Clamorosa imprevisión

En los últimos años los poderes públicos se ocupan en desarrollar una infraestructura para la asistencia de los ancianos. Es una carrera contrarreloj porque se parte prácticamente de cero. Seguramente no es culpa de nadie, o de todos, esta clamorosa imprevisión. Quizá hemos sobrevalorado la capacidad de la institución familiar, que hasta hace bien poco se encargaba (porque podía, y porque quería) de suplir esta y otras carencias de la asistencia pública. Al menos en la mayoría de los casos. Pero la familia es hoy un entorno más frágil, y los niveles de calidad en la asistencia de los mayores mucho más exigentes.

La salud sin adjetivos

No recuerdo a quién, ni cuándo, escuché o leí esta frase: la salud de una sociedad se mide por el cuidado que da a los niños, a los enfermos y a los ancianos. Pero sí recuerdo, porque me llamó la atención, que la “salud” no tenía adjetivo: no se trataba de la “salud moral”, ni ética, ni ciudadana... Una sociedad en la que valga la pena vivir se rige, simplemente, por este criterio, que no es menos mensurable –aunque lo parezca- que el índice de precios o la Encuesta de Población Activa.